miércoles, 2 de mayo de 2018

Las maras infiltradas en el Ejército y la PNC de Guatemala


Los disparos fueron cerca de la ventana de su casa que durante cinco minutos después el zumbido en sus oídos era tan intenso que no escuchó nada, logró ver como dos personas huían por una de las calles aledañas dejando atrás una persona fallecida.

A las dos semanas se volvió a repetir la historia. Esta vez un vendedor fue abatido por no pagar la extorsión, una esposa se quedó viuda y dos hijos sin padre.

Fabricio de 13 años, escuchó a pocos metros de su casa como fueron asesinadas dos personas. Luego de ello sus padres lo pusieron en un internado a estudiar y recibe ayuda psicológica, mientras que los delincuentes nunca fueron capturados.

Hechos  violentos que se repiten en Guatemala todos los días. Violencia que en la mayoría de casos afectan a las personas que viven en sectores tomados por las maras, pero que en otros puntos de la ciudad es vista de reojo.

Miles de personas gritan y claman que se acabe la violencia en un país en donde los asesinatos son de 14 personas en promedio al día. Algunos funcionarios de Gobierno salen a decir que han disminuido los crímenes, pero sinceramente a veces pienso que esos números y estadísticas son manipuladas.

De algo estoy convencido que las maras son producto de la desigualdad y las condiciones de pobreza en las que viven millones de jóvenes, que deben sufrir no solo la violencia desde el Estado, sino también en sus propias familias.

Un Estado ineficiente tomado por la mafias.

Con la captura del Jefe de Logística del Estado Mayor de la Defensa del Ejército de Guatemala, Ariel Salvador De León y del jefe de la Comisaria de Policía Nacional Civil (PNC) de Chimaltenango, Lucindo Chávez Cifuentes, queda nuevamente en evidencia que las maras están infiltradas en el Estado o bien las maras son utilizadas por agentes del Estado.

Ambos puntos de las últimas dos líneas del párrafo anterior son correctas, pues los grupos criminales se protegen uno con otros y hacen sus negocios de forma más tranquila.

Un militar y un policía de alto rango metidos en la maras. Ambos manejaban información privilegiada que les servía para compartirla con los pandilleros, además De León tenía en sus cuentas bancarias más de Q13 millones producto de extorsiones, asaltados y asesinatos.

Los mareros, militares y policías lavan dinero con empresarios de hoteles, centros comerciales, aceiteras, transportes y talleres mecánicos por citar algunos, pues son muchos los negocios a donde van a parar los fondos producto de las extorsiones y asesinatos.

Carros de lujos, apartamentos, negocios y hasta los viajes de los hijos al extranjero de los delincuentes están manchados de sangre. El Ministerio Público (MP), debe investigar a los familiares y amigos cercanos de  los detenidos.

No es la primera vez que agentes del Estado son detenidos por estar metidos dentro de las pandillas y no son los únicos.

Con razón en muchos sectores los delincuentes operan a sus anchas, ya que son protegidos por quienes deberían de darnos seguridad. Los militares también han patrullado las calles junto a la PNC y seguramente algunos de esos oficiales, soldados y policías son parte de la maras.

Para quienes viven en los sectores en donde operan las maras no es nada fácil, pues son delincuentes bien organizados que controlan grandes extensiones para proteger la venta de drogas, sicariato, extorsión y sus negocios disfrazados de legales. Todos los días se puede morir hasta en manos de militares y policías.

El Ejercito y la PNC están infestados de delincuentes y de eso no hay duda. Practicas corruptas en un país como Guatemala sumido en la violencia, impunidad y la corrupción. En varios ocasiones Insight Crime ha publicado notas en las que se menciona como la pandillas han llegado hasta las fuerzas de seguridad en varios países de Centroamérica.

Lo mismo ocurre en países como El Salvador y Honduras, la situación cada vez es peor en nuestra región, algo debe sacudir de forma fuerte esas estructuras.

lunes, 27 de noviembre de 2017

Libertad de expresión en Internet

Reproduzco mi columna publicada por para la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

La manera de comunicarnos en el mundo digital ha cambiado nuestra dinámica y sobre todo ha acelerado la forma en la cual nos expresamos.
Dentro de ese contexto las redes sociales se han convertido es una válvula de escape en donde millones de personas dan su punto de vista sobre de determinados tema, pero sobre todo en los que cada uno de nosotros se encuentra interesado.
Las redes sociales han ampliado las formas de comunicarnos, por lo tanto, no debemos limitarnos, pero sí ser responsables con lo que se dice. No es cuestión de censura o autocensura, tiene que ver las propias limitaciones que tiene la libertad de expresión.
Internet no debe ser un vehículo para la difamación y calumnia, apología del delito, odio o discriminación. No importa la forma en que se transmita, la responsabilidad deber ir inmersa en cada texto que se escriba por corto o extenso que sea.
Los periodistas y comunicadores tenemos que ser mucho más responsables así como sensatos al momento transmitir un mensaje. Nuestra exposición mediática, al igual que la de políticos, empresarios y líderes sociales, están doblemente frente a  la fiscalización de la sociedad.
Cuando  trasladamos una noticia debemos estar seguros de lo que publicamos, y si replicamos algo, de igual manera. No podemos darnos el lujo de compartir información si no es de fuentes confiables o que previamente hayamos verificado al publicar algo lo leen miles, y hasta millones de personas.

Fuentes confiables

¿Cuántas veces ha compartido usted algo sin haber leído lo que traslada? Es un error que seguramente hemos cometido y debemos ser muy cuidadosos. Como periodistas debemos siempre estar atentos a las mentiras y que nuestras fuentes sean confiables.
La libertad de expresión es un derecho fundamental por el que debemos trabajar, fortalecer y respaldar todos los días. Nuestra voz no debe ser silenciada, pero tampoco debemos permitir que no gane la emoción de transmitir mensajes sin fundamento. Nuestra labor como periodistas deben ser siempre verificar, verificar y verificar.
En las redes hay mucha información, pero mucha de esa información carece de sustento o veracidad. Nuestra labor como periodistas, por lo tanto, debe ser mucho más profunda e investigativa, que no nos gane solo la emoción o el tema de la inmediatez, la responsabilidad que tenemos ante la sociedad es muy grande.
Cada jueves nos reunimos a debatir y dar nuestros puntos de vista en los tuit debates que organiza la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), el tema del que ahora escribo se ha discutido de distintas formas y que se complementa con lecturas de respaldo compartidas con los colegas que organizan la discusión. Para mí es una buen ejercicio, pues no solo tengo más elementos sobre determinados temas, sino también conozco la opinión de otras personas.
Estamos llamados como periodistas a ser responsables, ya sea con nuestra opinión o cuando hacemos un trabajo periodístico como tal. En una era en donde la desinformación, las notas virales (sin sentido) y la difamación son parte del día a día, nuestra responsabilidad es aún mayor, recordemos que muchos de nosotros somos referentes.
La rigurosidad debe ser parte de nuestro trabajo sin excepción y debemos debatir constantemente sobre el trabajo que realizamos. Precisamente eso es lo que nos hace periodistas, muchos llevamos años en este oficio y a pesar que la forma de comunicarnos ha cambiado aceleradamente, tengo la certeza que podemos marcar la diferencia y hacer que nuestro trabajo sea respetado en la sociedad.
Quienes somos periodistas debemos asumir nuestra responsabilidad.

miércoles, 4 de octubre de 2017

La PDH viola mi derecho de acceso a información pública


Constantemente hago uso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública contenida en el Decreto 57-2008, porque considero que es una herramienta fundamental para aclarar la opacidad con la que se maneja lo público.

He presentado varias denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por negación de información pública en diferentes instituciones, debido a que retienen, ocultan o dan a medias muchos de los datos que se solicitan.

Sin contar con la arbitrariedad en el tiempo de entrega y que se da hasta con información  pública de oficio, parece que la premisa es retardar y ocultar.

Durante varios años me he dedicado a analizar y estudiar el Decreto 57-2008, además de sacar cursos sobre el derecho a la información y el derecho a saber, pues estoy convencido que en una sociedad tan poco transparentes es necesario tener más y mejores conocimientos sobre el tema.

De hecho en mis clases como docente universitario pongo énfasis en la explicación de la ley y su aplicación.

El Decreto 57-2008 en el artículo  46 determina que la autoridad reguladora y protectora del derecho de acceso a la información es la PDH.

Ese artículo es bastante escueto en cuanto a las funciones de la institución para que se cumpla nuestro derecho en materia de acceso a la información, ni siquiera define con claridad cómo y de qué forma se hace.

Lo anterior precisamente es clave, ya  muchas veces el trabajo de la PDH es superficial en ese tema y que repercute en una deficiente fiscalización en el cumplimiento de la ley.

Desde la aprobación del Decreto 57-2008 he insistido en la creación de un Instituto de Información Pública para que se garantice ese derecho y analizar a profundidad las negativas de acceso a la información. En países como México y El Salvador se encuentra contemplada esa figura, la cual sin duda alguna es mucho más efectiva que la vigente en Guatemala.

Por si eso fuera poco la ley carece de un reglamento, que bien ayudaría a agilizar y transparentar algunos de los procesos por demás burocráticos en la actualidad.

El 4 de julio de 2017 hice una solicitud de información a la PDH relacionada con la  muerte de 11 niños ocasionada por una bacteria en el Hospital Roosevelt; sin embargo, la información me fue proporcionada hasta el 14 de agosto de 2017. La única justificación de personal de esa institución es que habían enviado los datos a otro correo,vaya forma de evadir su responsabilidad y lavarse las manos.

El  9 de agosto hice una nueva petición de lo siguiente: denuncias presentadas por periodistas entre el 1 de enero de 2001 al 8 de agosto de 2017 ante la Procuraduría de Derechos Humanos agresiones, amenazas, intimidaciones, negación de información pública, violaciones laborales, entre otros.

Nombre del denunciante, medio de comunicación en donde labora o laboraba el denunciante, también si es freelance o independiente, motivo de la denuncia y resolución de la PDH.

Debido a la extensión de lo solicitado se me indicó el 22 de agosto de 2017 que necesitaban una prórroga para la entrega de los datos. Así lo establece la ley en el artículo 43 (muchas instituciones abusan de la misma de forma arbitraria).

El día seis de septiembre del año en curso la oficina de Información Pública de la PDH por la vía electrónica me entregó lo requerido en forma incompleta.

Los nombres de los periodistas y medio para el que laboran no fueron entregados, aduciendo que son datos sensibles de los denunciantes. Según se justificó en el documento firmado por Héctor Alejandro Méndez González jefe de la oficina de acceso a la información pública de la PDH, pese a que todas las auxiliaturas de esa institución enviaron los datos, pero que fueron tachados posteriormente en el documento que se me entregó.

Amparado en el artículo 54, 55, 56, 57 de la Ley de Acceso a la Información presente el recurso de revisión el 18 de septiembre a las 15.31 horas en las oficinas central de la PDH.

El 22 de septiembre la PDH resolvió el recurso de revisión el cual fue firmado por el Procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, como le determina el artículo 58 del Decreto 57-2008.

Se tomaron los  cinco días para notificarme y por consiguiente resolver, pues fue hasta el lunes 25 de septiembre que se me informó por la vía electrónica que estaba lista la resolución de hecho lo hicieron hasta las 15 horas.

El recurso de revisión fue declarado parcialmente con lugar de acuerdo a su interpretación y como ellos decidieron. Pero eso no es todo en la misma resolución se tomaron otros cuatro días para otorgarme los datos, es decir, lo recibí hasta el 29 de septiembre.

De nuevo se negaron a darme el nombre de los periodistas aduciendo que quien presentó la denuncia (en este caso los periodistas debían autorizarlo). Aunado a ello, la información fue entregada sin fecha y en desorden.

El artículo 45 en tu tercer párrafo indica que: “La información será entregada en el estado que se encuentre en posesión de los sujetos obligados”.

Más de un mes para recibir información incompleta y de acuerdo a lo que ellos “consideran” y “quieren dar”.

Irónicamente el 9 de agosto de 2017 hice otra solicitud de información pidiendo lo siguiente: denuncias presentadas por personas ante la PDH por negación de información pública, solicitada en instituciones del Estado y privadas del 1 de enero de 2013 al 8 de agosto de 2017. Nombre del denunciante, institución que negó la información, fecha y estado actual de la denuncia o resolución emitida por la PDH.

También me solicitaron prórroga de 10 días y fue hasta el 28 de agosto que me hicieron llegar lo requerido. En esa petición si me entregaron los nombres de los denunciantes.

Aquí surgen varias preguntas: ¿Quién decide que se entrega o no? ¿Quién decide los tiempos de entrega? ¿Por qué si tienen la información se tardan tanto tiempo entregarla? ¿Por qué la PDH oculta información? ¿La información se entrega de forma discrecional? 

En mi recurso de revisión hice los fundamentos de derecho tanto de la legislación nacional como de los tratados sobre la materia firmados y ratificados por el Estado de Guatemala, no lo cito aquí por ser demasiado amplio.

La PDH me está negando el acceso a la información pública, violando mi derecho humano  de libre acceso a la información.

Ahora solo me queda el camino del amparo y la denuncia por la vía penal, pues una institución y sus funcionarios llamados a cumplir la ley no lo hacen y lejos de ser un verdadero apoyo se han convertido muchas veces en un obstáculo.

Por supuesto que el Decreto 57-2008 requiere varios cambios y de los cuales hablare en una columna más adelante.

jueves, 9 de marzo de 2017

Los que viven y lucran de la violencia siempre tienen una sonrisa de "payaso siniestro"

 Por Marvin Del Cid


La indiferencia muchos ciudadanos es aberrante, indignante y repulsiva. Pero lo es más cuando viene desde el propio Estado, que tiene la obligación de velar por la vida y la integridad de sus habitantes.

Estamos ante una de las tragedias más fuertes en la historia de Guatemala y de la humanidad. Una tragedia que pudo haberse evitado pero simplemente a los gobernantes no les interesa y luego salen con una ensarta de justificaciones.

Las 40 adolescentes fallecidas en el Hogar Seguro es una muestra más que estamos gobernados por ineptos, que solo son discurso y hacen las cosas de acuerdo a la medida de sus intereses o simplemente solo por salir del paso.

Hace unos días en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura de esas pomposas y en donde se gastan miles de quetzales para seguir prometiendo cosas, el flamante viceministro de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, dijo: "Estamos creando condiciones para los niños en temas de prevención de migración", por supuesto que esas es pura verborrea al igual que sus antecesores en la cartera de Educación.

Lo anterior es solo por citar un caso de la gran cantidad de "mentiras" que escuchamos a diario por parte de políticos y técnicos de este país. 

No son ni capaces de preservar la vida, menos de generar condiciones para que los niños y la juventud guatemalteca se desarrolle, casi todo es a medias e insostenible en el tiempo.

El Gobierno de Jimmy Morales decretó tres días de duelo, cuando este país esta en constante duelo, pues se desangra día con día, además como lo he repetido en varias ocasiones quienes viven de la violencia y lucran con ella, siempre tienen una sonrisa de "payaso siniestro".

Por si fuera poco, nacer pobre en Guatemala es casi estar condenado a la muerte en forma adelantada...













martes, 28 de febrero de 2017

Raúl Manchamé no puede ser relator de la Oficina Contra la Tortura

Por Marvin Del Cid

Raúl Manchamé Leiva, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), postuló su nombre para ser nombrado en uno de los tres cargos de Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura.

Manchamé fue condenado en junio de 2010 a dos años y medio de prisión por incumplir su deber de proteger a los ciudadanos atacados por los manifestantes durante los disturbios del Jueves Negro y fallar en el mantenimiento de la seguridad interna cuando estaba a cargo de la PNC.

Es increíble que Manchamé pretenda estar al frente de la Oficina Contra la Tortura -creada en 2010 para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de la integridad física y mental de los guatemaltecos- y pretenda pasar por alto lo sucedido aquel fatídico 24 de julio de 2003, cuando hordas eferregistas se tomaron las calles de la Ciudad de Guatemala y saquearon comercios, atacaron civiles, quemaron oficinas y provocaron un muerto y varios heridos, bajo la actitud inerme de quien tenía la obligación de proteger a los ciudadanos y controlar el orden público.

Fui testigo directo de los hechos ocurridos ese día y el siguiente. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, pues por esos días trabajaba como reportero del Grupo Política y Poderes de Prensa Libre y junto a una colega fuimos los primeros en llegar al Obelisco a las cuatro de la madrugada. Incluso en la edición del mismo 24 julio de 2003 alcanzamos a publicar una nota en exclusiva sobre las manifestaciones organizadas por la dirigencia del FRG.

Ese día murió de un paro cardíaco el periodista de los canales de televisión abierta Héctor Ramírez, ante el temor de ser alcanzado por los encapuchados que nos siguieron durante varias cuadras.

Horas después de la muerte de Ramírez, cerca del Centro Comercial los Próceres -uno de los lugares de las violentas protestas- directamente le pregunté a Raúl Manchamé por qué no disolvían a los manifestantes. Su respuesta fue que no tenía la orden del presidente Alfonso Portillo.

Junto a Manchamé se encontraba el para entonces muy conocido asesor venezolano en temas de seguridad Víctor Rivera, quien también me aseguró que no podían actuar.

En mayo de 2010 la familia del periodista fallecido y el Ministerio Público (MP) me propusieron como testigo en el juicio contra Manchamé. Por supuesto no dude en aceptar y declarar en su contra.
Frente al Tribunal ratifiqué que por su inacción Manchamé y la cúpula del FRG eran culpables de la muerte de Ramírez y los disturbios ocurridos ese día. Lamentablemente el exjefe de la PNC obtuvo una condena tibia y además conmutable, pues los delitos por lo que se le procesó tienen condena menor a los cinco años.

Ese día declararon antes que yo el expresidente Alfonso Portillo y el exministro de Gobernación Adolfo Reyes Calderón. Como era de esperarse, como unos cobardes negaron su responsabilidad en los hechos del Jueves Negro.

Mi tesis de licenciatura titulada “Ataques Contra Periodistas Durante el Año Electoral 2003” incluye un estudio de caso sobre el Jueves Negro y constituye uno de los pocos registros testimoniales de esos días.

Raúl Manchamé no puede ni debe dirigir la Oficina Contra La Tortura. No se le puede confiar esa instancia a un personaje nefasto en la historia reciente del país. Los grupos de derechos humanos y los organismos internacionales deben oponerse con contundencia a su eventual nombramiento, pues implicaría un grave retroceso para los derechos civiles en Guatemala.

Urge también la revisión con lupa de las hojas de vida de los otros aspirantes a esos cargos, pues varios de ellos tampoco son aptos para tan importantes puestos. La recomposición de la Oficina contra la Tortura debe también ser una oportunidad para evaluar su eficiencia durante sus casi siete años de funcionamiento. Todo parece indicar que esa entidad, caracterizada más por los altos salarios y las contrataciones a discreción, se ha convertido en un barril sin fondo.








lunes, 6 de junio de 2016

César Fajardo en la UNE, una historia de amenazas, insultos e intereses políticos


Por Marvin Del Cid

La renuncia del diputado César Emilio Fajardo fue exigida por el Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), luego que el Ministerio Público (MP) solicitó proceso de antejuicio en contra del congresista por el caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República.

Por muy extraño que parezca la salida de Fajardo no ha estado marcada por mucho ruido y el congresista se va del partido sin levantar tantas olas.

Fajardo no es un simple diputado dentro de la UNE. No solo por lo que ha representado políticamente, sino también porque en el año 2002 casó a Álvaro Colom y Sandra Torres.

Además ha sido uno de los financistas de la UNE en varios procesos electorales y también es su tercera legislatura en representación de ese partido.

En 2011 su papel cambió y fue uno de los principales asesores para que se consumara el divorcio de Torres y Colom, para que ella pudiera ser candidata presidencial; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la inscripción.

El paso de Fajardo por esa agrupación ha estado llena de polémicas, incluso, votó en contra de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Fajardo fue acusado en 2007 de haber planificado poner una bomba frente a la casa de José Carlos Marroquín, antiguo ex dirigente de la UNE. Aunque nunca se le probó nada.

No es la primera vez que el congresista dimite de esa agrupación. En julio de 2007, unas semanas antes de las elecciones general también lo hizo. Un mes después acusó a Colom, Torres y a la hermana de Sandra, Gloria Torres Casanova, de querer asesinarlo con el apoyo de un grupo de militares.

"Se pretende asesinarme en virtud de todo lo que me consta ha sucedido y sucede en el seno del partido político UNE, así como alrededor de la figura del candidato presidencial Álvaro Colom Caballeros, de su esposa y cuñada, Sandra Torres de Colom y Gloria Torres Casanova respectivamente; para que con mi muerte se silencie cualquier intento por destapar la olla de grillos y que se abran de par en par los clóset de esas personas que están llenos de porquería, estafas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cadáveres y, sobre todo, impunidad", dijo mediante una declaración pública de fecha 23 de agosto de 2007.

Pero el divorcio con la UNE fue fugaz y al poco tiempo de nuevo regresó, pero como pasa en Guatemala, nada importa más en un partido que los intereses de grupo y de ciertos integrantes.

En 2015 fue primer secretario de la Junta Directiva del Congreso y que hoy lo tienen en el ojo del huracán por el tema de plazas fantasma. Ese mismo año logró su reelección en el Listado Nacional.

Desde hace muchos meses ha mantenido enfrentamientos con el diputado, Mario Taracena, ambos se critican constantemente e integrantes del partido aseguran que las acusaciones entre ambos era seguidas.

Incluso, el 11 de marzo pasado Taracena publicó en su cuenta de Twitter: "Con Fajardo me equivoqué, no son 34 plazas, son 39 y aunque se enoje y se amargue le vamos a quitar la oficina de $2,800. Fin a privilegios".

Un día antes, Fajardo había tratado de "estúpido" en el pleno a Taracena, porque no le quiso dar la palabra.

Ambos fueron fiscales de la UNE ante el TSE en las elecciones pasadas, aunque nunca tuvieron una buena convivencia.

Así ha sido el paso de Fajardo por la UNE, una relación de amor y odio, una relación de amenazas y agresiones, una relación por supuesto en donde el interés política ha sido más fuerte que cualquier otra cosa.

Hoy algunos dirigentes de la UNE quieren dar aires de pureza y enterrar todo su pasado, pues son también cómplices de los desmanes de Fajardo en el Congreso. No hay que perder de vista que algunos hicieron lo mismo.

domingo, 17 de enero de 2016

De comediante de TV a presidente de la República

Si algo caracteriza a Morales es su ingenio y presencia ante las cámaras de televisión, junto a su hermano Sammy Morales dieron vida a múltiples personajes en su  programa de televisión y han actuado en varias películas producidas por ellos.

Su nombre era James Ernesto Morales Cabrera, pero es más conocido como Jimmy Morales, incluso se lo cambió desde 2011.
Morales es cuestionado por hacer imitaciones cuyo contenido son calificados como racistas y discriminatorios por lo múltiples personajes que tiene en sus programas de bromas.
Nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969, es graduado de la universidad de San Carlos de Guatemala en el área de administración de empresas, tiene una maestría en Altos Estudios Estratégicos por la Universidad  Mariano Gálvez.
Es un político conservador y algunas de sus opiniones los definen de esa forma. Está es contra del aborto y del  matrimonio de personas del mismo sexo.
Profesa la religión cristiana evangélica y dice estar a favor de la pena de muerte  con el debido proceso, “yo me califico como un hombre de fe”, ha indicado en varias entrevistas.
Su esposa, muy poco visible ante los medios de comunicación, se llama Hilda Patricia Marroquín Argueta, durante la campaña política se le vio en raras ocasiones y en una de ellas dijo: “Sabía que llegaría a ser presidente de la República”.
En las encuestas Jimmy Morales nunca figuró como uno de los favoritos y el rechazo ciudadano a los “políticos tradicionales” lo llevó hasta la presidencia de la República, apoyado por el partido de derecha FCN-Nación y en cuyas filas hay algunos exmilitares cuestionados, entre ellos,  el diputado electo Edgar Ovalle de quien el Ministerio Público (MP), ya pidió un proceso de antejuicio por estar involucrado, supuestamente, en desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad.
Morales en su primer discurso como presidente de Guatemala, hizo un llamado a la unidad de los guatemaltecos y trabajar juntos para sacar adelante al país. El 14 a las 14 llegó, y de ahora en adelante las promesas deben transformarse en hechos, pues la ciudadanía es un polvorín que ha advertido “cero tolerancia a la corrupción”.