miércoles, 4 de octubre de 2017

La PDH viola mi derecho de acceso a información pública


Constantemente hago uso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública contenida en el Decreto 57-2008, porque considero que es una herramienta fundamental para aclarar la opacidad con la que se maneja lo público.

He presentado varias denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por negación de información pública en diferentes instituciones, debido a que retienen, ocultan o dan a medias muchos de los datos que se solicitan.

Sin contar con la arbitrariedad en el tiempo de entrega y que se da hasta con información  pública de oficio, parece que la premisa es retardar y ocultar.

Durante varios años me he dedicado a analizar y estudiar el Decreto 57-2008, además de sacar cursos sobre el derecho a la información y el derecho a saber, pues estoy convencido que en una sociedad tan poco transparentes es necesario tener más y mejores conocimientos sobre el tema.

De hecho en mis clases como docente universitario pongo énfasis en la explicación de la ley y su aplicación.

El Decreto 57-2008 en el artículo  46 determina que la autoridad reguladora y protectora del derecho de acceso a la información es la PDH.

Ese artículo es bastante escueto en cuanto a las funciones de la institución para que se cumpla nuestro derecho en materia de acceso a la información, ni siquiera define con claridad cómo y de qué forma se hace.

Lo anterior precisamente es clave, ya  muchas veces el trabajo de la PDH es superficial en ese tema y que repercute en una deficiente fiscalización en el cumplimiento de la ley.

Desde la aprobación del Decreto 57-2008 he insistido en la creación de un Instituto de Información Pública para que se garantice ese derecho y analizar a profundidad las negativas de acceso a la información. En países como México y El Salvador se encuentra contemplada esa figura, la cual sin duda alguna es mucho más efectiva que la vigente en Guatemala.

Por si eso fuera poco la ley carece de un reglamento, que bien ayudaría a agilizar y transparentar algunos de los procesos por demás burocráticos en la actualidad.

El 4 de julio de 2017 hice una solicitud de información a la PDH relacionada con la  muerte de 11 niños ocasionada por una bacteria en el Hospital Roosevelt; sin embargo, la información me fue proporcionada hasta el 14 de agosto de 2017. La única justificación de personal de esa institución es que habían enviado los datos a otro correo,vaya forma de evadir su responsabilidad y lavarse las manos.

El  9 de agosto hice una nueva petición de lo siguiente: denuncias presentadas por periodistas entre el 1 de enero de 2001 al 8 de agosto de 2017 ante la Procuraduría de Derechos Humanos agresiones, amenazas, intimidaciones, negación de información pública, violaciones laborales, entre otros.

Nombre del denunciante, medio de comunicación en donde labora o laboraba el denunciante, también si es freelance o independiente, motivo de la denuncia y resolución de la PDH.

Debido a la extensión de lo solicitado se me indicó el 22 de agosto de 2017 que necesitaban una prórroga para la entrega de los datos. Así lo establece la ley en el artículo 43 (muchas instituciones abusan de la misma de forma arbitraria).

El día seis de septiembre del año en curso la oficina de Información Pública de la PDH por la vía electrónica me entregó lo requerido en forma incompleta.

Los nombres de los periodistas y medio para el que laboran no fueron entregados, aduciendo que son datos sensibles de los denunciantes. Según se justificó en el documento firmado por Héctor Alejandro Méndez González jefe de la oficina de acceso a la información pública de la PDH, pese a que todas las auxiliaturas de esa institución enviaron los datos, pero que fueron tachados posteriormente en el documento que se me entregó.

Amparado en el artículo 54, 55, 56, 57 de la Ley de Acceso a la Información presente el recurso de revisión el 18 de septiembre a las 15.31 horas en las oficinas central de la PDH.

El 22 de septiembre la PDH resolvió el recurso de revisión el cual fue firmado por el Procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, como le determina el artículo 58 del Decreto 57-2008.

Se tomaron los  cinco días para notificarme y por consiguiente resolver, pues fue hasta el lunes 25 de septiembre que se me informó por la vía electrónica que estaba lista la resolución de hecho lo hicieron hasta las 15 horas.

El recurso de revisión fue declarado parcialmente con lugar de acuerdo a su interpretación y como ellos decidieron. Pero eso no es todo en la misma resolución se tomaron otros cuatro días para otorgarme los datos, es decir, lo recibí hasta el 29 de septiembre.

De nuevo se negaron a darme el nombre de los periodistas aduciendo que quien presentó la denuncia (en este caso los periodistas debían autorizarlo). Aunado a ello, la información fue entregada sin fecha y en desorden.

El artículo 45 en tu tercer párrafo indica que: “La información será entregada en el estado que se encuentre en posesión de los sujetos obligados”.

Más de un mes para recibir información incompleta y de acuerdo a lo que ellos “consideran” y “quieren dar”.

Irónicamente el 9 de agosto de 2017 hice otra solicitud de información pidiendo lo siguiente: denuncias presentadas por personas ante la PDH por negación de información pública, solicitada en instituciones del Estado y privadas del 1 de enero de 2013 al 8 de agosto de 2017. Nombre del denunciante, institución que negó la información, fecha y estado actual de la denuncia o resolución emitida por la PDH.

También me solicitaron prórroga de 10 días y fue hasta el 28 de agosto que me hicieron llegar lo requerido. En esa petición si me entregaron los nombres de los denunciantes.

Aquí surgen varias preguntas: ¿Quién decide que se entrega o no? ¿Quién decide los tiempos de entrega? ¿Por qué si tienen la información se tardan tanto tiempo entregarla? ¿Por qué la PDH oculta información? ¿La información se entrega de forma discrecional? 

En mi recurso de revisión hice los fundamentos de derecho tanto de la legislación nacional como de los tratados sobre la materia firmados y ratificados por el Estado de Guatemala, no lo cito aquí por ser demasiado amplio.

La PDH me está negando el acceso a la información pública, violando mi derecho humano  de libre acceso a la información.

Ahora solo me queda el camino del amparo y la denuncia por la vía penal, pues una institución y sus funcionarios llamados a cumplir la ley no lo hacen y lejos de ser un verdadero apoyo se han convertido muchas veces en un obstáculo.

Por supuesto que el Decreto 57-2008 requiere varios cambios y de los cuales hablare en una columna más adelante.

jueves, 9 de marzo de 2017

Los que viven y lucran de la violencia siempre tienen una sonrisa de "payaso siniestro"

 Por Marvin Del Cid


La indiferencia muchos ciudadanos es aberrante, indignante y repulsiva. Pero lo es más cuando viene desde el propio Estado, que tiene la obligación de velar por la vida y la integridad de sus habitantes.

Estamos ante una de las tragedias más fuertes en la historia de Guatemala y de la humanidad. Una tragedia que pudo haberse evitado pero simplemente a los gobernantes no les interesa y luego salen con una ensarta de justificaciones.

Las 40 adolescentes fallecidas en el Hogar Seguro es una muestra más que estamos gobernados por ineptos, que solo son discurso y hacen las cosas de acuerdo a la medida de sus intereses o simplemente solo por salir del paso.

Hace unos días en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura de esas pomposas y en donde se gastan miles de quetzales para seguir prometiendo cosas, el flamante viceministro de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, dijo: "Estamos creando condiciones para los niños en temas de prevención de migración", por supuesto que esas es pura verborrea al igual que sus antecesores en la cartera de Educación.

Lo anterior es solo por citar un caso de la gran cantidad de "mentiras" que escuchamos a diario por parte de políticos y técnicos de este país. 

No son ni capaces de preservar la vida, menos de generar condiciones para que los niños y la juventud guatemalteca se desarrolle, casi todo es a medias e insostenible en el tiempo.

El Gobierno de Jimmy Morales decretó tres días de duelo, cuando este país esta en constante duelo, pues se desangra día con día, además como lo he repetido en varias ocasiones quienes viven de la violencia y lucran con ella, siempre tienen una sonrisa de "payaso siniestro".

Por si fuera poco, nacer pobre en Guatemala es casi estar condenado a la muerte en forma adelantada...













martes, 28 de febrero de 2017

Raúl Manchamé no puede ser relator de la Oficina Contra la Tortura

Por Marvin Del Cid

Raúl Manchamé Leiva, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), postuló su nombre para ser nombrado en uno de los tres cargos de Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura.

Manchamé fue condenado en junio de 2010 a dos años y medio de prisión por incumplir su deber de proteger a los ciudadanos atacados por los manifestantes durante los disturbios del Jueves Negro y fallar en el mantenimiento de la seguridad interna cuando estaba a cargo de la PNC.

Es increíble que Manchamé pretenda estar al frente de la Oficina Contra la Tortura -creada en 2010 para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de la integridad física y mental de los guatemaltecos- y pretenda pasar por alto lo sucedido aquel fatídico 24 de julio de 2003, cuando hordas eferregistas se tomaron las calles de la Ciudad de Guatemala y saquearon comercios, atacaron civiles, quemaron oficinas y provocaron un muerto y varios heridos, bajo la actitud inerme de quien tenía la obligación de proteger a los ciudadanos y controlar el orden público.

Fui testigo directo de los hechos ocurridos ese día y el siguiente. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, pues por esos días trabajaba como reportero del Grupo Política y Poderes de Prensa Libre y junto a una colega fuimos los primeros en llegar al Obelisco a las cuatro de la madrugada. Incluso en la edición del mismo 24 julio de 2003 alcanzamos a publicar una nota en exclusiva sobre las manifestaciones organizadas por la dirigencia del FRG.

Ese día murió de un paro cardíaco el periodista de los canales de televisión abierta Héctor Ramírez, ante el temor de ser alcanzado por los encapuchados que nos siguieron durante varias cuadras.

Horas después de la muerte de Ramírez, cerca del Centro Comercial los Próceres -uno de los lugares de las violentas protestas- directamente le pregunté a Raúl Manchamé por qué no disolvían a los manifestantes. Su respuesta fue que no tenía la orden del presidente Alfonso Portillo.

Junto a Manchamé se encontraba el para entonces muy conocido asesor venezolano en temas de seguridad Víctor Rivera, quien también me aseguró que no podían actuar.

En mayo de 2010 la familia del periodista fallecido y el Ministerio Público (MP) me propusieron como testigo en el juicio contra Manchamé. Por supuesto no dude en aceptar y declarar en su contra.
Frente al Tribunal ratifiqué que por su inacción Manchamé y la cúpula del FRG eran culpables de la muerte de Ramírez y los disturbios ocurridos ese día. Lamentablemente el exjefe de la PNC obtuvo una condena tibia y además conmutable, pues los delitos por lo que se le procesó tienen condena menor a los cinco años.

Ese día declararon antes que yo el expresidente Alfonso Portillo y el exministro de Gobernación Adolfo Reyes Calderón. Como era de esperarse, como unos cobardes negaron su responsabilidad en los hechos del Jueves Negro.

Mi tesis de licenciatura titulada “Ataques Contra Periodistas Durante el Año Electoral 2003” incluye un estudio de caso sobre el Jueves Negro y constituye uno de los pocos registros testimoniales de esos días.

Raúl Manchamé no puede ni debe dirigir la Oficina Contra La Tortura. No se le puede confiar esa instancia a un personaje nefasto en la historia reciente del país. Los grupos de derechos humanos y los organismos internacionales deben oponerse con contundencia a su eventual nombramiento, pues implicaría un grave retroceso para los derechos civiles en Guatemala.

Urge también la revisión con lupa de las hojas de vida de los otros aspirantes a esos cargos, pues varios de ellos tampoco son aptos para tan importantes puestos. La recomposición de la Oficina contra la Tortura debe también ser una oportunidad para evaluar su eficiencia durante sus casi siete años de funcionamiento. Todo parece indicar que esa entidad, caracterizada más por los altos salarios y las contrataciones a discreción, se ha convertido en un barril sin fondo.








lunes, 6 de junio de 2016

César Fajardo en la UNE, una historia de amenazas, insultos e intereses políticos


Por Marvin Del Cid

La renuncia del diputado César Emilio Fajardo fue exigida por el Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), luego que el Ministerio Público (MP) solicitó proceso de antejuicio en contra del congresista por el caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República.

Por muy extraño que parezca la salida de Fajardo no ha estado marcada por mucho ruido y el congresista se va del partido sin levantar tantas olas.

Fajardo no es un simple diputado dentro de la UNE. No solo por lo que ha representado políticamente, sino también porque en el año 2002 casó a Álvaro Colom y Sandra Torres.

Además ha sido uno de los financistas de la UNE en varios procesos electorales y también es su tercera legislatura en representación de ese partido.

En 2011 su papel cambió y fue uno de los principales asesores para que se consumara el divorcio de Torres y Colom, para que ella pudiera ser candidata presidencial; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la inscripción.

El paso de Fajardo por esa agrupación ha estado llena de polémicas, incluso, votó en contra de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Fajardo fue acusado en 2007 de haber planificado poner una bomba frente a la casa de José Carlos Marroquín, antiguo ex dirigente de la UNE. Aunque nunca se le probó nada.

No es la primera vez que el congresista dimite de esa agrupación. En julio de 2007, unas semanas antes de las elecciones general también lo hizo. Un mes después acusó a Colom, Torres y a la hermana de Sandra, Gloria Torres Casanova, de querer asesinarlo con el apoyo de un grupo de militares.

"Se pretende asesinarme en virtud de todo lo que me consta ha sucedido y sucede en el seno del partido político UNE, así como alrededor de la figura del candidato presidencial Álvaro Colom Caballeros, de su esposa y cuñada, Sandra Torres de Colom y Gloria Torres Casanova respectivamente; para que con mi muerte se silencie cualquier intento por destapar la olla de grillos y que se abran de par en par los clóset de esas personas que están llenos de porquería, estafas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cadáveres y, sobre todo, impunidad", dijo mediante una declaración pública de fecha 23 de agosto de 2007.

Pero el divorcio con la UNE fue fugaz y al poco tiempo de nuevo regresó, pero como pasa en Guatemala, nada importa más en un partido que los intereses de grupo y de ciertos integrantes.

En 2015 fue primer secretario de la Junta Directiva del Congreso y que hoy lo tienen en el ojo del huracán por el tema de plazas fantasma. Ese mismo año logró su reelección en el Listado Nacional.

Desde hace muchos meses ha mantenido enfrentamientos con el diputado, Mario Taracena, ambos se critican constantemente e integrantes del partido aseguran que las acusaciones entre ambos era seguidas.

Incluso, el 11 de marzo pasado Taracena publicó en su cuenta de Twitter: "Con Fajardo me equivoqué, no son 34 plazas, son 39 y aunque se enoje y se amargue le vamos a quitar la oficina de $2,800. Fin a privilegios".

Un día antes, Fajardo había tratado de "estúpido" en el pleno a Taracena, porque no le quiso dar la palabra.

Ambos fueron fiscales de la UNE ante el TSE en las elecciones pasadas, aunque nunca tuvieron una buena convivencia.

Así ha sido el paso de Fajardo por la UNE, una relación de amor y odio, una relación de amenazas y agresiones, una relación por supuesto en donde el interés política ha sido más fuerte que cualquier otra cosa.

Hoy algunos dirigentes de la UNE quieren dar aires de pureza y enterrar todo su pasado, pues son también cómplices de los desmanes de Fajardo en el Congreso. No hay que perder de vista que algunos hicieron lo mismo.

domingo, 17 de enero de 2016

De comediante de TV a presidente de la República

Si algo caracteriza a Morales es su ingenio y presencia ante las cámaras de televisión, junto a su hermano Sammy Morales dieron vida a múltiples personajes en su  programa de televisión y han actuado en varias películas producidas por ellos.

Su nombre era James Ernesto Morales Cabrera, pero es más conocido como Jimmy Morales, incluso se lo cambió desde 2011.
Morales es cuestionado por hacer imitaciones cuyo contenido son calificados como racistas y discriminatorios por lo múltiples personajes que tiene en sus programas de bromas.
Nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969, es graduado de la universidad de San Carlos de Guatemala en el área de administración de empresas, tiene una maestría en Altos Estudios Estratégicos por la Universidad  Mariano Gálvez.
Es un político conservador y algunas de sus opiniones los definen de esa forma. Está es contra del aborto y del  matrimonio de personas del mismo sexo.
Profesa la religión cristiana evangélica y dice estar a favor de la pena de muerte  con el debido proceso, “yo me califico como un hombre de fe”, ha indicado en varias entrevistas.
Su esposa, muy poco visible ante los medios de comunicación, se llama Hilda Patricia Marroquín Argueta, durante la campaña política se le vio en raras ocasiones y en una de ellas dijo: “Sabía que llegaría a ser presidente de la República”.
En las encuestas Jimmy Morales nunca figuró como uno de los favoritos y el rechazo ciudadano a los “políticos tradicionales” lo llevó hasta la presidencia de la República, apoyado por el partido de derecha FCN-Nación y en cuyas filas hay algunos exmilitares cuestionados, entre ellos,  el diputado electo Edgar Ovalle de quien el Ministerio Público (MP), ya pidió un proceso de antejuicio por estar involucrado, supuestamente, en desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad.
Morales en su primer discurso como presidente de Guatemala, hizo un llamado a la unidad de los guatemaltecos y trabajar juntos para sacar adelante al país. El 14 a las 14 llegó, y de ahora en adelante las promesas deben transformarse en hechos, pues la ciudadanía es un polvorín que ha advertido “cero tolerancia a la corrupción”.

lunes, 28 de septiembre de 2015

¿Por qué Arzú ganó la alcaldía otra vez?


No porque sea un buen alcalde, mas bien sabe manipular a sus adversarios y embelesar sus votantes.

Por Marvin Del Cid

Será cuatro años más de lo mismo. Cuatro años más en donde muchos de los problemas de la ciudad seguirán sin ser solucionados y los maquillajes serán la mejor estrategia de la municipalidad de Guatemala.

Arzú y sus principales colaboradores fueron tan astutos que se quitaron del camino a Roberto González. Sabían que él era el único que podía ganarles y para eso le ofrecieron que sería el presidente del República, no tardaron mucho en convencerlo.

Lo convencieron para que no corriera por la alcaldía y luego anunciaron la alianza.

Lo dije meses antes de que fueran las elecciones: “Lo cierto es que CREO servirá como plataforma para que Arzú y su amigos tenga muchas posibilidades de quedar cuatro años más en la comuna. El Partido Unionista se encuentra debilitado y diezmado, así que una alianza electorera les queda justo a su medida”

Así sucedió.

El partido Unionista estaba debilitado y su único bastión era la municipalidad. En las elecciones de 2011 únicamente ganaron ganado una curul al Congreso de la República.

De esa cuenta empezaron a buscar desesperados como hacer alianzas políticas y mantener el control de su mina de oro.

Antes de hacer alianza con CREO lo hizo con el partido TODOS. Una alianza de “chicle” pues a las pocas semanas había fracasado.

Sin embargo, con CREO la cosa fue un poco distinta, no solo Arzú hizo una jugada estratégica sino además, logro que su hijo Álvaro Arzú Escobar sea diputado, pues encabezaba el listado nacional. No quieren dejar el poder. Claro, han vivido de él y saben que es un buen negocio.

Dos Intentos de “Canela” por llegar a la alcaldía y ahora uno para la presidencia del República. A lo mejor se lanza por una cuarta, solo falta ver para que puesto.

Los concejales de CREO pasaron a convertirse en cómplice de todos los abusos y desmanes que ocurren en la municipalidad.

Otra razón por que Arzú gana de nuevo la alcaldía es porque la crisis del Gobierno central lo favoreció, pues la gente parece no tener memoria histórica en el país y no recuerda los desmanes del gobierno panista.

Arzú tiene y amigos tiene estrategias bien definidas. Carreras como la 21K es un ejemplo de ello, pues quienes la corren seguro votaron por la planilla unionista, no por casualidad es cada año en la misma fecha y cerca del proceso electoral.

Arzú tiene tapizada la ciudad de ese horrible color verde chillante y su ejército de soldados vestidos de verde es su principal voto duro.

Utiliza los recursos municipales a su sabor y antojo para hacerse imagen. Quienes viajan en el transmetro deben soportar todos los días los anuncios de Arzú, quien ahora se le ha dado por dar tours virtuales por la ciudad.

Embelesa tanto a sus votantes de las zonas mejor acomodadas del país como a los que no tiene agua, servicio de transporte público deficiente y áreas desordenadas. 

Han entendido bien la lógica para ganar y no importa cómo, mucho menos el precio.


viernes, 24 de abril de 2015

Juan Carlos Monzón: el prófugo que quería ser diputado

Marvin Del Cid

La ambición de Juan Carlos Monzón Rojas, el ahora prófugo exsecretario
privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, no se limitaba a enriquecer
sus arcas con el dinero de la corrupción: de no ser por la orden de
captura en su contra, el pasado 18 de abril habría sido proclamado como
candidato al Congreso de la República por el departamento de Alta Verapaz.

Apadrinado por la vicemandataria y originario de Ciudad de Guatemala,
Monzón aspiraría en representación del Partido Patriota (PP) por una curul
de ese departamento.

Fuentes del partido oficial resaltan que ya estaba todo acordado para que
Monzón fuera incluido en el segundo renglón de la planilla por ese
departamento, debajo de Ronald Sierra, exdiputado del PP y exgobernador de
Alta Verapaz.

El escándalo de corrupción en la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) que se hizo público el jueves 16 de abril le truncó los
planes a Monzón, quien lanzaría su candidatura en un acto previsto a
realizarse en la Asamblea Departamental de Alta Verapaz dos días después.

La vicepresidenta Baldetti había intentado sin éxito que su protegido
corriera por una diputación en Sacatepéquez, pero la oposición de las
bases de ese departamento -afines a Alejandro Sinibaldi- no lo permitió,
pues ya habían transado los puestos para otras personas.

Comprar una curul en Guatemala no es difícil. De hecho, en algunos casos
las primeras casillas de lista pueden llegar a costar hasta Q2 millones.
Así se mueven en el país las agrupaciones partidistas, hoy convertidas en
grupos de mafias y corrupción.

Monzón encontró en el gobierno del PP a sus mejores aliados para hacer sus
oscuros y sucios negocios. Amasó una gran fortuna entre casas, carros,
chalets y restaurantes
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150416/pais/5970/Una-casa-a-la-altura-de-Juan-Carlos-Monz%C3%B3n.htm
y, como es característico de las mafias emergentes, fijó su residencia en
los sectores altos de la ciudad y compró su casa en la playa. Otra muestra
más de la penetración del crimen organizado, que ha ha llevado a la
sociedad guatemalteca a vivir de las apariencias y mirar con respeto a
quien ostenta de su riqueza, sin importar cómo la haya obtenido.

La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio
Público (MP) deben ir ahora tras los corruptores y llevarlos ante la
justicia a rendir cuentas, pues durante años se han enriquecido gracias
a sus sucios negocios.