Otra vez en suspenso tipificación del delito de enriquecimiento ilícito.
Esta parece ser la ser nunca acabar. Desde 1996 el Estado de Guatemala adquirió el compromiso de sumar a su legislación ese tema. Pasaron los gobiernos de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom y ya va una parte del primer año de Otto Pérez.
Marvin David Del Cid/periodista
Muchos pueden decir que no es responsabilidad directa de los mandatarios y en eso estamos claro. Pero también es cierto que en el Congreso en la mayoría de ocasiones y si no en todas, los diputados del bloque mayoritario responden a los intereses de Ejecutivo y de las directrices que salen desde la casa presidencial.
La independencia de ambos poderes en casi nula, así se manejan los políticos en Guatemala y así nos quieren hacer creer que no hay interferencias. La responsabilidad es compartida entre ambos poderes del Estado.
Lo que sucedió ayer 4 de septiembre de 2012 en el Congreso es una muestra más de la falta de voluntad y del valor de los diputados en aprobar una norma para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito. Es otra muestra más de la cobardía de los que no quieren que haya transparencia.
Los diputados del Partido Patriota y sus aliados de nuevo bloquearon una normativa fundamental.
El diputado Oliverio García Rodas (uno de los que ya no debería estar en el Congreso y por eso se deben limitar la reelecciones a una solamente) siguió las instrucciones de su jefe Otto Pérez Molina y presentó una moción privilegiada para conocer las propuestas de reforma a la Constitución, lo que demuestra que su agenda política es más importante.
Una reforma constitucional que no convence a la mayoría, pero que ellos insisten en aprobar.
Además, otra vez en el Congreso siguen las mismas y viejas mañas. Las iniciativas pasan años de años en las comisiones de trabajo y a última hora les quiere hacer enmiendas de curul, una práctica que a mi juicio debe regularse y sólo permitirse para caso extraordinarios.
Es ilógico que algo que tuvo que aprobarse hace 16 años, hoy siga en el estira y encoge de los políticos de turno.
La iniciativa denominada “Ley Contra la Corrupción” contempla varias modificaciones al Código Penal y crea figuras delictivas como el enriquecimiento ilícito no sólo de funcionarios de Estado, sino también de particulares. De igual forma se tipifica el testaferrato algo vital en una sociedad donde los funcionarios y presta nombres se enriquecen de forma irregular.
También incorpora al Código Penal el delito de tráfico de influencias y el cobro ilegal de comisiones.
Así mismo, aumenta las penas y sanciones en otros delitos que existen en el Código Penal y que tienen que ver con el mal uso de los recursos públicos y el mal proceder de los funcionarios.
Por esas razones es una normativa fundamental en un país como Guatemala donde la corrupción es uno de los grandes males que aqueja a la sociedad.
Los diputados del Partido Patriota de nuevo dejan la iniciativa de ley en suspenso y al hacerlo perdemos todos los guatemaltecos. Esperemos que no pasen otros diez años.
Esta parece ser la ser nunca acabar. Desde 1996 el Estado de Guatemala adquirió el compromiso de sumar a su legislación ese tema. Pasaron los gobiernos de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom y ya va una parte del primer año de Otto Pérez.
Marvin David Del Cid/periodista
Muchos pueden decir que no es responsabilidad directa de los mandatarios y en eso estamos claro. Pero también es cierto que en el Congreso en la mayoría de ocasiones y si no en todas, los diputados del bloque mayoritario responden a los intereses de Ejecutivo y de las directrices que salen desde la casa presidencial.
La independencia de ambos poderes en casi nula, así se manejan los políticos en Guatemala y así nos quieren hacer creer que no hay interferencias. La responsabilidad es compartida entre ambos poderes del Estado.
Lo que sucedió ayer 4 de septiembre de 2012 en el Congreso es una muestra más de la falta de voluntad y del valor de los diputados en aprobar una norma para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito. Es otra muestra más de la cobardía de los que no quieren que haya transparencia.
Los diputados del Partido Patriota y sus aliados de nuevo bloquearon una normativa fundamental.
El diputado Oliverio García Rodas (uno de los que ya no debería estar en el Congreso y por eso se deben limitar la reelecciones a una solamente) siguió las instrucciones de su jefe Otto Pérez Molina y presentó una moción privilegiada para conocer las propuestas de reforma a la Constitución, lo que demuestra que su agenda política es más importante.
Una reforma constitucional que no convence a la mayoría, pero que ellos insisten en aprobar.
Además, otra vez en el Congreso siguen las mismas y viejas mañas. Las iniciativas pasan años de años en las comisiones de trabajo y a última hora les quiere hacer enmiendas de curul, una práctica que a mi juicio debe regularse y sólo permitirse para caso extraordinarios.
Es ilógico que algo que tuvo que aprobarse hace 16 años, hoy siga en el estira y encoge de los políticos de turno.
La iniciativa denominada “Ley Contra la Corrupción” contempla varias modificaciones al Código Penal y crea figuras delictivas como el enriquecimiento ilícito no sólo de funcionarios de Estado, sino también de particulares. De igual forma se tipifica el testaferrato algo vital en una sociedad donde los funcionarios y presta nombres se enriquecen de forma irregular.
También incorpora al Código Penal el delito de tráfico de influencias y el cobro ilegal de comisiones.
Así mismo, aumenta las penas y sanciones en otros delitos que existen en el Código Penal y que tienen que ver con el mal uso de los recursos públicos y el mal proceder de los funcionarios.
Por esas razones es una normativa fundamental en un país como Guatemala donde la corrupción es uno de los grandes males que aqueja a la sociedad.
Los diputados del Partido Patriota de nuevo dejan la iniciativa de ley en suspenso y al hacerlo perdemos todos los guatemaltecos. Esperemos que no pasen otros diez años.
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