Las declaraciones patrimoniales deben ser públicas

En Guatemala los corruptos utilizan todo tipo de artimañas para ocultar los bienes adquiridos con fondos del Estado y una declaración jurada patrimonial no garantiza transparencia, pero si es fundamental que todos los funcionarios la hagan púbica sin excepción.

Por @marvindelcid 

Una declaración patrimonial es apenas una de las tantas acciones que se requieren para el combate a la corrupción en nuestro país.

Las declaraciones de probidad deben ser públicas y todos los ciudadanos debemos tener acceso a ellas sin mayores restricciones.

En las últimas semanas se ha generado un debate en torno a la declaración de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del gran número de propiedades que ha adquirido. De a poco han ido saliendo a luz algunas de sus lujosas casas y vehículos, pero que ella asegura las ha obtenido a base de su trabajo.

Ya han pasado varios años desde aquella investigación que realizamos en elPeriódico junto al equipo de investigación y en la cual dimos a conocer la compra de una casa de playa por más de Q4.5 millones por parte de Baldetti, tema que aún sigue sin ser aclarado.

Este año nuevo elPeriódico informa sobre el crecimiento abrupto que ha tenido el patrimonio de la vicepresidenta, pero ella se niega a hacer pública su declaración de probidad y las dudas son cada vez más fuertes.

Para tratar de revertir todas las críticas Baldetti envió una iniciativa al Congreso en la cual propone cambios a la ley de probidad, pero eso no es suficiente.

La iniciativa de ley llega bastante tarde al Congreso de la República, pero por fin llegó.

¿Por qué tarde? Porque fue en el gobierno del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) cuando se aprobó la actual ley de probidad y en la cual se le pudo candado al artículo 21 para que las declaraciones de probidad no fuesen públicas.

EL FRG y su aplanadora azul junto a otras agrupaciones como el Partido Unionista hicieron ese cambio casuístico con el objetivo de proteger a los corruptos de ese Gobierno y a los que les han seguido (muchos ahora son diputados).

Mientras que en los periodos de Óscar Berger y Álvaro Colom tampoco se hizo nada para hacer las enmiendas, por lo tanto, tampoco que vengan a rasgarse las vestiduras.

Este Gobierno y la actual legislatura también se estaban haciendo los locos. De no ser por las publicaciones de prensa, no se hubiese entrado a discutir los cambios, pese a que desde hace mucho tiempo se venían exigiendo.

Era tan evidente que el Gobierno del Partido Patriota no sacaría a discusión las enmiendas a la ley de Probidad, ya que marzo de 2013 durante el seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción se estableció “la ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”.

En esa ocasión el Estado de Guatemala se comprometió a adoptar medidas legislativas para modificar la ley de Probidad.

Pese a ello, ya había pasado varios meses desde lo anterior y aquí en Guatemala no se hacía nada al respecto, eso queda completamente claro.

De no ser por los señalamientos en contra de Baldetti, este gobierno hubiese hecho lo mismo que el de Berger y Colom, es decir, nada.

Pero la sola presentación de la iniciativa no es suficiente ahora falta la voluntad política de los diputados oficiales y del resto de partido sobre todo del LIDER que tanto se ha quejado de la corrupción. Esas enmiendas son urgentes y necesarias.

Aquí no sólo tienen que rendir cuentas los funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, aquí deben rendir cuentas todos los funcionarios y empleados públicos que tenga que entregar declaración de probidad.

Hay gente que pasa desapercibida en instituciones como la Universidad de San Carlos, Banco de Guatemala, Instituto de Electrificación, ministerios y secretarias por citar algunas. Eso no lo podemos seguir permitiendo.

En la propuesta que hace el Ejecutivo de cambios a la ley sobre la Declaración Jurada Patrimonial en el artículo 6 habla de los sujetos obligados así no pueden decir a mi “no me corresponde entregar declaración de probidad”.

Esperamos que la propuesta no se vaya a engavetar a Congreso y que por fin después de 11 años se hagan cambios a una normativa que a todas luces tal y como está ahora fomenta la impunidad.