Por Marvin Del Cid
Raúl Manchamé Leiva, exdirector
de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno del desaparecido Frente
Republicano Guatemalteco (FRG), postuló su nombre para ser nombrado en uno de
los tres cargos de Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura.
Manchamé fue condenado en junio
de 2010 a dos años y medio de prisión por incumplir su deber de proteger a los ciudadanos
atacados por los manifestantes durante los disturbios del Jueves Negro y fallar
en el mantenimiento de la seguridad interna cuando estaba a cargo de la PNC.
Es increíble que Manchamé
pretenda estar al frente de la Oficina Contra la Tortura -creada en 2010 para
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en
contra de la integridad física y mental de los guatemaltecos- y pretenda pasar
por alto lo sucedido aquel fatídico 24 de julio de 2003, cuando hordas
eferregistas se tomaron las calles de la Ciudad de Guatemala y saquearon
comercios, atacaron civiles, quemaron oficinas y provocaron un muerto y varios
heridos, bajo la actitud inerme de quien tenía la obligación de proteger a los
ciudadanos y controlar el orden público.
Fui testigo directo de los hechos
ocurridos ese día y el siguiente. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, pues
por esos días trabajaba como reportero del Grupo Política y Poderes de Prensa
Libre y junto a una colega fuimos los primeros en llegar al Obelisco a las
cuatro de la madrugada. Incluso en la edición del mismo 24 julio de 2003 alcanzamos
a publicar una nota en exclusiva sobre las manifestaciones organizadas por la
dirigencia del FRG.
Ese día murió de un paro cardíaco
el periodista de los canales de televisión abierta Héctor Ramírez, ante el
temor de ser alcanzado por los encapuchados que nos siguieron durante varias
cuadras.
Horas después de la muerte de
Ramírez, cerca del Centro Comercial los Próceres -uno de los lugares de las violentas
protestas- directamente le pregunté a Raúl Manchamé por qué no disolvían a los
manifestantes. Su respuesta fue que no tenía la orden del presidente Alfonso
Portillo.
Junto a Manchamé se encontraba el
para entonces muy conocido asesor venezolano en temas de seguridad Víctor
Rivera, quien también me aseguró que no podían actuar.
En mayo de 2010 la familia del
periodista fallecido y el Ministerio Público (MP) me propusieron como testigo
en el juicio contra Manchamé. Por supuesto no dude en aceptar y declarar en su
contra.
Frente al Tribunal ratifiqué que por
su inacción Manchamé y la cúpula del FRG eran culpables de la muerte de Ramírez
y los disturbios ocurridos ese día. Lamentablemente el exjefe de la PNC obtuvo
una condena tibia y además conmutable, pues los delitos por lo que se le
procesó tienen condena menor a los cinco años.
Ese día declararon antes que yo el
expresidente Alfonso Portillo y el exministro de Gobernación Adolfo Reyes
Calderón. Como era de esperarse, como unos cobardes negaron su responsabilidad
en los hechos del Jueves Negro.
Mi tesis de licenciatura titulada
“Ataques Contra Periodistas Durante el Año Electoral 2003” incluye un estudio
de caso sobre el Jueves Negro y constituye uno de los pocos registros
testimoniales de esos días.
Raúl Manchamé no puede ni debe
dirigir la Oficina Contra La Tortura. No se le puede confiar esa instancia a un
personaje nefasto en la historia reciente del país. Los grupos de derechos
humanos y los organismos internacionales deben oponerse con contundencia a su
eventual nombramiento, pues implicaría un grave retroceso para los derechos
civiles en Guatemala.
Urge también la revisión con lupa
de las hojas de vida de los otros aspirantes a esos cargos, pues varios de
ellos tampoco son aptos para tan importantes puestos. La recomposición de la
Oficina contra la Tortura debe también ser una oportunidad para evaluar su eficiencia
durante sus casi siete años de funcionamiento. Todo parece indicar que esa
entidad, caracterizada más por los altos salarios y las contrataciones a
discreción, se ha convertido en un barril sin fondo.
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